Desde el comienzo de la dictadura de Augusto Pinochet se decidió, como
política de Estado, llevar a cabo una serie de magnicidios contra altos
dirigentes e incluso distinguidos oficiales de las FF.AA. respetuosos de la
Constitución, como Alberto Bachelet y Carlos Prats.
Durante muchos años, esta realidad se ocultó al país. El paso del tiempo
sería el mejor aliado de la impunidad. Así lo creían los que operaron este plan
de exterminio sistemático de líderes políticos, sociales y sindicales que
cayeron víctimas de la dictadura.
Sin embargo, aunque tarda, la verdad llega, y con ella podría haber también
justicia. Es lo que la sociedad espera.
El más reciente caso en que, por fin, se empieza a establecer lo que de veras
sucedió, es el asesinato de José Tohá, cuya muerte por años se disfrazó de
"suicidio".
Doce años se demoraron en confirmar algo que todo Chile imaginaba: El ex
ministro del Interior y Defensa del gobierno de Allende fue víctima de
"ahorcamiento homicida".
El líder socialista fue detenido después del golpe militar, trasladado al
campo de concentración de Isla Dawson y víctima de graves torturas. "Se paran a
los pies de mi cama y hacen escarnio de mi indefensión" le escribió a su esposa
antes de morir.
El proceso estableció que nunca podría haberse ahorcado dentro de un
closet, no sólo porque medía 1.92 cm., sino porque con escasos 49 kilos, su
estado de salud era tan grave que difícilmente podía moverse.
La política de negar
En este caso, la búsqueda de justicia recién empieza y da para largo. En
el funeral de Tohá, su hija, hoy alcaldesa electa de Santiago, pidió al Ejército
voluntad para entregar antecedentes.
"En muchos momentos de esta investigación, hemos llamado a quienes tengan
antecedentes para que se acerquen a los tribunales a complementar esta
investigación. Y este es un momento muy importante para hacerlo, porque ya está
establecido que mi padre murió asesinado y hoy para todos es un mandato
esclarecer quiénes son los responsables de ese hecho", expresó Carolina
Tohá.
El abogado de Derechos Humanos, Héctor Salazar, dijo a Cambio21 que en
general las investigaciones son demoradas por las Fuerzas Armadas, "situación
que se repite sistemáticamente en casos de detenidos desaparecidos y asesinados
por la dictadura."
Señaló que "es evidente" que es "una decisión" y agregó: "La capacidad de
eludir responsabilidades, no asumir y no entregar información, está indicando
que hay una nula voluntad de colaborar y que si alguna vez se hicieron
declaraciones o excusas, eran meramente formales, para no aparecer tan
reticentes en la coyuntura."
El plan genocida
Son más de tres mil las historias de chilenos asesinados por la
dictadura, en un plan ideado por el general Augusto Pinochet y llevado a cabo
por la DINA y la CNI. Los atentados en contra de algunos de ellos, como Tohá,
que tenían relevancia nacional e internacional, entran en la categoría de
magnicidios. La dictadura los consideraba peligrosos y no trepidó en ordenar su
eliminación.
Para el abogado Héctor Salazar, desde el primer momento se operó con una
lógica de guerra, la cual se expresó con el "brutal bombardeo de La Moneda; allí
quedó en evidencia el ánimo homicida y claro el objetivo de eliminar al
enemigo". Lo hicieron "simplemente matándolos."
"De este modo", dice Salazar, "la dictadura logró la exclusión radical de
un sector de nuestra población con proyectos políticos y sociales, a quienes se
les dijo que no tenían derecho a vivir en nuestro país."
Este espíritu totalitario y déspota también se ve reflejado en otros
casos. Incluso oficiales del más alto rango de las Fuerzas Armadas. Porque
quienes contravenían las órdenes también corrían riesgo.
Dos de los más cercanos a Pinochet durante el golpe, los generales
Augusto Lutz y Óscar Bonilla, murieron en extrañas circunstancias luego de
encararlo por los crímenes de la DINA. Bonilla falleció en marzo del 75 en un
extraño accidente de helicóptero. Lutz perdió la vida en noviembre del 74, luego
de una serie de operaciones, pero se sospecha que pudo haber sido envenenado,
una de las técnicas reservadas por las llamadas "brigadas del infierno", para
perpetrar crímenes de personajes gravitantes.
El general de la FACH, Alberto Bachelet, fue sometido a un consejo de
guerra bajo la absurda acusación de Traición a la Patria. Murió en marzo de
1974, luego de una prolongada sesión de torturas que agravaron sus problemas
cardíacos. "Me encontré con camaradas de la FACH a los que he conocido por 20
años, alumnos míos, que me trataron como un delincuente o como a un perro",
contó a su hijo Alberto en una carta fechada en octubre del año anterior.
El magnicidio
La técnica del envenenamiento fue utilizada para el magnicidio del
presidente Eduardo Frei Montalva, inoculado con gas mostaza y talio cuando se
encontraba en la indefensión absoluta de un quirófano de la Clínica Santa María,
donde había ingresado para operarse de una simple hernia. Sólo pudo salir muerto
dos meses después, el 22 de enero de 1982.
La investigación determinó que el
asesinato fue planificado durante años por la DINA, la CNI y la DINE y se
sindicaron como culpables a cuatro médicos y dos ex agentes.
El periodista Benedicto
Castillo autor de "Magnicidio", investigación que relata la historia tras el
crimen, señaló a Cambio21 que "con la muerte de Frei mataron a quien
podría haber conducido el país una vez que el ejército convenciera a Pinochet de
dar un paso al lado."
Coincidió también con la poca colaboración de las Fuerzas Armadas. "La
estrategia es dejar que pase el tiempo para que los crímenes queden impunes.
Desde el 2010 el caso Frei no avanza. En este crimen el ejército debería hacer
un gesto y entregar todos los antecedentes que posee."
Exterminio en el exilio
La muerte de Frei fue el mayor de los magnicidios de la dictadura. La
decisión de matar al mandatario en forma "más limpia", obedecería también a que
ya no les servía la conmoción generada años antes por los crímenes de otras
altas autoridades del gobierno de Allende y contrarios al régimen de Pinochet
que se estaban organizando en el exilio.
En ese entonces sangrientos ataques
en la vía pública fueron uno de los métodos usados por la DINA para desbaratar
las conspiraciones y a la vez enviar una señal para imponer el miedo.
En 1974, en el marco de la llamada "Operación Cóndor" se asesinó al
general Carlos Prats - antecesor de Pinochet en la comandancia en jefe del
ejército- y su esposa Sofía Cuthbert, mediante una bomba puesta debajo de su
auto en Buenos Aires.
Dos años después, matan al canciller Orlando Letelier, exiliado en
Washington, desde donde lideraba una férrea oposición que irritaba al régimen,
que llegó incluso a quitarle la nacionalidad. El 21 de septiembre detonaron una
bomba en su vehículo, matando de paso a su secretaria Ronnie Moffitt.
El 6 de octubre de 1975, un francotirador disparó contra el ex
vicepresidente y líder democratacristiano Bernardo Leighton y su esposa, Anita
Fresno, en Roma. Aunque ambos sobrevivieron, el plan dio resultado: Anita quedó
parapléjica y Leighton nunca se recuperó de graves lesiones cerebrales,
truncando sus proyectos políticos.
Otros crímenes
Con la muerte del sacerdote español Joan Alsina, acallaron a un férreo
defensor de los trabajadores. El 19 de septiembre de 1973 fue detenido por
militares del Regimiento Yungay. Sus últimas palabras fueron para el soldado de
18 años que lo fusiló en el puente Bulnes: "Por favor, no me pongas la venda,
mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón."
El año 76, el cadáver del diplomático español Carmelo Soria fue
encontrado a los pies del cerro San Cristóbal, un día después de ser secuestrado
por agentes de la brigada Mulchén de la DINA. Aunque trataron de simular que se
trataba de un accidente, la investigación confirmó que fue torturado antes de
ser asesinado.
El 25 de febrero de 1982 fue encontrado degollado en su taxi el líder
sindical Tucapel Jiménez. Su muerte se produce a días del magnicidio del
presidente Frei, con quien estaba formando una alianza que amenazaba con
convertirse en una potente fuerza opositora. Dos años después otro dirigente
gremial fue asesinado y torturado por la CNI: El transportista DC Mario
Fernández.
Los partidos de izquierda también fueron diezmados por el régimen. El 5
de octubre del 74, Miguel Enríquez, secretario general del MIR, murió
acribillado en manos de la DINA. En los siguientes 5 meses otros 11 miembros
fueron asesinados, entre ellos Lumi Videla.
La dirigencia del PC tuvo mejor suerte, su secretario general, Luis
Corvalán, fue detenido después del golpe y tras numerosas gestiones, el año 76
fue intercambiado por el disidente Ruso, Vladimir Bukovsky. Su homólogo
socialista, Carlos Altamirano fue víctima de una verdadera cacería. En un
principio optó por la clandestinidad, pero luego que su esposa fue sometida a
torturas se asiló en Cuba.
En 1985 se produce el famoso "caso degollados". Los profesionales
comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, fueron
asesinados por un comando de Carabineros.
La prensa también fue víctima. En julio del 86 una patrulla militar quemó
vivo al fotógrafo Rodrigo Rojas y dejó con serias lesiones a Carmen Gloria
Quintana. Dos meses después el editor de la revista Análisis José Carrasco, fue
ametrallado en represalia por el atentado a Pinochet. En la misma ocasión
asesinaron al obrero comunista Felipe Rivera, al profesor Gastón Vidaurrázaga y
al publicista Abraham Muskatblit.
Y podríamos seguir enumerando...
La muerte de la cultura
Un duro golpe al arte nacional, fue la muerte del premio Nóbel de
literatura, Pablo Neruda el 23 de septiembre del 73. La versión oficial de que
el poeta, diplomático y comunista fue víctima del cáncer, está siendo
investigada tras las sospechas de que fue asesinado en la Clínica Santa María
mediante una inyección letal. Su asistente personal y chofer Manuel Araya,
afirmó que Neruda planeaba abandonar el país al día siguiente y que se
encontraba bien hasta que fue inoculado.
Días antes Víctor Jara había sido asesinado. El músico, poeta, profesor,
director de teatro y comunista, estuvo prisionero cinco días en el Estadio Chile
(hoy Víctor Jara), donde compartió con otros 5 mil detenidos. Fue sometido a
tortura, le destruyeron las manos a culatazos, lo acribillaron de 40 balazos y
abandonaron su cuerpo en las cercanías del cementerio Metropolitano.
Su prolífica obra se vio truncada en su máximo apogeo. Incluso en su
cautiverio logró escribir su último poema, Somos Cinco Mil o Estadio Chile:
"Canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto, espanto como el que
vivo, como el que muero espanto..."
Entrevistada por Cambio21 su viuda Joan Jara, afirmó que "con la muerte
de Víctor se perdió algo de la expresión del alma de Chile".
Recordó muchos proyectos, especialmente de teatro popular, que murieron
con el artista. Sin embargo, su música sobrevivió. "Víctor tuvo un rol tan
grande al motivar la solidaridad de Chile durante los años de la dictadura,
porque sus cantos son muy auténticos", reflexionó.
Dijo que su fuerza también radica en que "su caso ejemplifica lo que le
pasó a miles de personas". Agregó que "tempranamente perdí la fe en la justicia"
y que admira a tantas mujeres que han pasado su vida en tribunales pidiendo
justicia.
"Yo creo en la justicia que hace la gente del mismo pueblo... mientras
esté viva la memoria, mientras se canten sus canciones y esté presente entre la
gente...Víctor no muere. Esa es mi justicia."
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20121130/pags/20121130164502.html
Recién cumplidos los 31 años del magnicidio y cuando se preparan 50 nuevas diligencias por orden del Juez Alejandro Madrid, se confirma un primer intento de asesinar al presidente Eduardo Frei Montalva, en agosto del año 1976.
